La iniciativa establece que sólo puedan usarse los datos personales con el consentimiento del titular o por disposición legal para los fines explícitamente señalados. Además, crea una Agencia de Protección de Datos Personales, ante la cual los afectados podrán iniciar un procedimiento de tutela de sus derechos.

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; de la Secretaría General de Presidencia, Nicolás Eyzaguirre; de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes; y Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, firmó esta mañana el Proyecto de Ley que Regula la protección y el tratamiento de los datos personales, que modifica las disposiciones de la ley N° 19.628 sobre Protección a la Vida Privada, promulgada en agosto de 1999. Esta iniciativa es parte de los compromisos asumidos en la Agenda de Probidad y Transparencia en los Negocios y en la Política, impulsada por el Gobierno.

La iniciativa establece siete principios para el tratamiento de los datos personales: licitud, para que sólo puedan usarse los datos personales con el consentimiento del titular o por disposición legal; finalidad, que se usen los datos sólo para los fines explícitamente señalados; proporcionalidad; calidad; responsabilidad; seguridad; e información.

A partir de ello, se establecen 4 derechos “ARCO”: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al uso, que serán personales, intransferibles, irrenunciables y no podrán ser restringidos o limitados.

Del mismo modo, se regula la entrega o cesión de datos personales, estableciéndose en qué casos podrá realizarse y los deberes de ambas partes. También, se instaura un estatuto especial de protección para datos sensibles, como los vinculados a salud, biométricos, de geolocalización, entre otros, y los de niños, niñas y adolescentes.

Además, se crea una Agencia de Protección de Datos Personales, que será un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con un director nombrado por el Sistema de Alta Dirección Pública, ante la cual los afectados podrán iniciar un procedimiento de tutela de sus derechos.

Fuente: Prensa Presidencia